Por: Josep de Martí
1.398€ a la semana, más 100€ de «recargo administrativo». Casi 1.500€ semanales, unos 6.500 al mes. Es la tarifa de una de las residencias que visitamos en el viaje geroasistencial a Irlanda que organizamos desde Inforesidencias este octubre. Los precios de las otras no se desviaban demasiado, así que la primera pregunta nos la hicimos todos a la vez: ¿quién puede pagar eso?
Entre lo que nos explicaron allí y lo que he podido documentar después en fuentes oficiales irlandesas, creo que el sistema funciona así.
Quién paga y quién negocia
El eje es el Nursing Homes Support Scheme, que todo el mundo llama Fair Deal y que funciona desde 2009. Lo gestiona el HSE, el servicio público de salud irlandés: evalúa a la persona, calcula cuánto debe aportar según sus ingresos y patrimonio y paga a la residencia la diferencia hasta el precio reconocido.
Ese precio lo negocia otra institución, el National Treatment Purchase Fund (NTPF), que acuerda con cada residencia privada o voluntary cuánto pagará el sistema por semana. La cifra es la misma para todos los residentes del Fair Deal en ese centro, sea cual sea su grado de dependencia.
Las residencias públicas del HSE quedan fuera de esa negociación. Su tarifa se calcula a partir de sus propios costes de funcionamiento y su ocupación del periodo anterior. En 2018 salían a una media de 1.564 € semanales, un 62% más que los 968 € de las privadas y voluntary, según el Tribunal de Cuentas irlandés, en su último informe que he podido encontrar y que, sí, tiene ya unos años. O sea, que la Administración negocia a la baja con los demás y a sí misma se paga lo que le cuesta. ¿Soy el único a quien le suena familiar?
Simplificando mucho: una administración calcula cuánto puedes pagar tú y otra negocia cuánto puede cobrar la residencia. Entre las dos deciden lo que pone el Estado.
Cuánto aporta el residente
La aportación se calcula sobre los medios de la persona, no sobre los de sus hijos. Fue una de las cosas que más nos interesaron.
Una persona sola aporta hasta el 80% de sus ingresos y un 7,5% anual del valor de sus bienes, descontados los primeros 36.000 €. En una pareja, el 40% de los ingresos conjuntos y el 3,75% de los activos, con una franquicia común de 72.000 €.
La vivienda habitual cuenta como patrimonio solo los tres primeros años de estancia. A partir del cuarto deja de computar, así que lo máximo que puede costarte la casa es el 22,5% de su valor. Quien tiene más paga más, pero nadie se come la casa entera en la residencia. No está mal pensado.
Nos dijeron también que la estancia media era de tres años y medio y que ahora no llega a dos. O sea, que cada vez serán menos quienes lleguen al momento en que su vivienda deja de computar. Mi yo suspicaz piensa que el límite de los tres años queda muy bien escrito en la norma pero beneficia a bastante menos gente de lo que parece; mi yo bonachón prefiere pensar que es una casualidad.
La casa y el préstamo del Estado
¿Y si alguien tiene una casa que vale mucho y una pensión pequeña? Tener patrimonio no es tener dinero para pagar cada mes.
Para eso existe lo que allí llaman nursing home loan y oficialmente Ancillary State Support. El Estado adelanta la parte de la aportación que corresponde a la vivienda u otros inmuebles y la recupera después, normalmente tras el fallecimiento o cuando se vende el bien. No es una hipoteca inversa: no recibes dinero para gastarlo, aplazas una parte del coste de tu cuidado.
El sistema también ha previsto al listo de turno. Lo que se haya donado o transmitido en los cinco años anteriores a pedir el Fair Deal sigue contando como si fuera tuyo. Los agricultores, nos dijeron, se lo saben de memoria: ceder la granja familiar es una decisión que conviene tomar con mucha antelación. Una norma pensada para pagar residencias acaba decidiendo cuándo se jubila un granjero.
Quien prefiere pagar por su cuenta
En la residencia que visitamos, entre un 20% y un 25% de los residentes paga la tarifa entera de su bolsillo. Suele ser gente con una casa, una granja o un negocio que la familia quiere mantener fuera del sistema; con varios herederos, a veces sale mejor pagar y no tocar el patrimonio.
Hacienda ayuda: quien paga una residencia que cumpla los requisitos puede desgravarlo en el impuesto sobre la renta, y no tiene por qué ser el residente. Si un hijo paga la residencia de su madre, se deduce lo que haya abonado y no haya cubierto el HSE.
Y, finalmente, el contrato
Antes del ingreso se firma un contract of care con los servicios, los costes y las condiciones. En el centro que visitamos, además, piden un avalista que responda si el residente deja de pagar o pierde la capacidad de gestionar sus asuntos. No lo exige el Fair Deal; es cosa de ese operador.
¿Es mejor el Fair Deal que nuestro sistema de dependencia? No lo sé. Pero creo que no. Si algo hemos aprendido en 53 viajes geroasistenciales de Inforesidencias es que los sistemas de protección social no se pueden importar. Son máquinas hechas a medidas que se ajustan a cada país de forma imperfecta.
Así que me vuelvo con la imagen del granjero irlandés haciendo cuentas a cinco años vista para saber cuándo le conviene ceder la granja. Creo que el agricultor español tiene otras preocupaciones más acuciantes.
